Objeciones revisadas en 38 audiencias públicas, resoluciones provisionales y una etapa de apelación abierta. Así se llegó a cinco postulantes y esto es lo que falta hasta la designación prevista para diciembre.
La etapa de escrutinio público e impugnaciones ciudadanas en el concurso para elegir al titular de la Fiscalía General del Estado concluyó con la descalificación provisional de 21 de los 26 candidatos. La Comisión Ciudadana de Selección tomó la decisión el 6 de octubre tras la revisión de 41 objeciones presentadas por la sociedad civil sobre la probidad e idoneidad de los participantes, de las cuales el organismo aceptó 25.
La resolución tiene carácter provisional. El reglamento del concurso establece la fase de apelación para los postulantes notificados, quienes cuentan con un plazo de tres días para presentar sus recursos ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). El organismo resolverá cada caso y anunciará su veredicto a finales de octubre.
El proceso arrancó en marzo con 75 inscritos. Tras la revisión de requisitos, 26 concursantes avanzaron a la etapa de impugnaciones, donde la comisión transmitió 38 audiencias públicas por sus canales oficiales. Luego del análisis de las objeciones, solo cinco profesionales continúan en la lista previa: Carlos Alarcón Argudo, actual fiscal general subrogante que obtuvo 46,5 puntos sobre 50 en méritos; Mario Fonseca Vallejo; Juan Guaño Costales; Andrea Cazar Villacís y Patricio Haro Aldean. Por su parte, la resolución apartó a Daniella Camacho e Inés Romero, quienes lideraban la tabla de puntuación con 48 y 47,25 puntos.
Durante las audiencias, el órgano de selección acogió tres de las ocho reclamaciones contra Romero y una de las seis dirigidas contra Camacho. En el caso de Alarcón, la comisión archivó la única queja debido a la ausencia del reclamante en la cita fijada. Voceros de la comisión indicaron que cada dictamen cuenta con respaldo jurídico y señalaron que la cifra de observaciones corresponde al ejercicio del control social que fija la norma.
Al mismo tiempo, la Veeduría Ciudadana que vigila el concurso, bajo la coordinación de Guido Egas, retiró su respaldo al proceso y solicitó al Cpccs la anulación de lo actuado junto con la salida de los comisionados titulares. El colectivo denunció supuestas anomalías en el trámite de las objeciones, un trato desigual a los participantes y la falta de convocatoria para las sesiones de deliberación.
Ante estos cuestionamientos, el Cpccs y la comisión defendieron la legalidad del procedimiento. Ambas instancias destacaron el acceso público a las sesiones, la revisión individual de los expedientes y la existencia de la etapa de apelación para revisar las decisiones. Asimismo, analistas del sector señalan que una eventual anulación provocará un retraso adicional en el calendario e impulsará la extensión de la falta de un titular definitivo en la Fiscalía.
Los siete consejeros del Cpccs resolverán los recursos de los candidatos apartados y los reclamos de los ciudadanos cuyas observaciones no prosperaron. Mientras el pleno delibera, los cinco clasificados mantendrán su estatus provisional. De acuerdo con la planificación oficial, el concurso seguirá con las pruebas de conocimientos y culminará con la designación del nuevo Fiscal General a finales de diciembre de 2026.