El allanamiento a la vivienda del juez Renán Andrade Castillo forma parte de una investigación de la Fiscalía. La institución informó que la diligencia contó con autorización judicial y denunció una filtración de información antes del procedimiento.

La Fiscalía General del Estado confirmó que el allanamiento realizado a la vivienda del juez Renán Andrade Castillo se enmarca en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La diligencia se conoció este martes 20 de octubre de 2026.
La orden fue emitida por la jueza Mabel Tapia Rosero mediante un acto urgente solicitado por Fiscalía. Posteriormente, la institución convocó a una rueda de prensa en la que Darwin Danilo Jaramillo, fiscal provincial de Pichincha, explicó aspectos relacionados con la investigación.
Jaramillo señaló que Fiscalía solicitó las órdenes de allanamiento correspondientes, pero que, al llegar al lugar, la información sobre el procedimiento ya se había filtrado. El fiscal sostuvo que este hecho evidencia que persisten problemas de corrupción en niveles operativos y aseguró que la institución actuará con rigor frente a este tipo de conductas.
La existencia de la filtración corresponde a lo denunciado por Fiscalía. Hasta el momento, la información proporcionada no establece responsabilidades individuales por ese hecho.
Andrade integró la primera promoción de jueces de la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado. El Consejo de la Judicatura lo designó el 1 de diciembre de 2022, después de que obtuvo 88,94 puntos en el concurso público. Durante su trayectoria en esa unidad conoció causas de alcance nacional, entre ellas los casos Encuentro y Triple A.
El 7 de septiembre de 2026, el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó la Resolución 187-2026, que dispuso la supresión de la unidad especializada y la reubicación de sus jueces. El 21 de septiembre, Andrade y la jueza Karol Zambrano presentaron una acción de incumplimiento de sentencia ante la Corte Constitucional para cuestionar esa decisión. La causa quedó registrada con el número 137-26-IS.
