La llegada de Serrano aviva los reclamos de justicia de las familias de Fernando Villavicencio y Jorge Gabela, quienes lo señalan por espionaje y manipulación de casos.
El exministro del Interior José Serrano arribó la noche del 28 de agosto a la prisión de máxima seguridad El Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena. La deportación la ejecutó el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos bajo acusaciones de corrupción y supuestos nexos con carteles de la droga. Serrano permanecía bajo arresto en el país norteamericano desde agosto de 2025 debido a que no contaba con un estatus legal migratorio. Al principio estuvo recluido en la prisión de Krome, en Miami, y después pasó al Centro Correccional del Condado de Adams, en Misisipi, el 22 de junio de 2026.
El presidente de la República, Daniel Noboa, difundió tres fotografías de este traslado, en las cuales se observa al exfuncionario bajo la custodia de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. En las imágenes, Serrano aparece mientras sube a un avión y luego dentro de la aeronave con esposas y vestido de blanco. En sus redes sociales, Noboa publicó que cumplieron su palabra y se refirió a Serrano como el nuevo huésped de El Encuentro, al tiempo que dirigió un mensaje al expresidente Rafael Correa. Tras su ingreso al centro penitenciario, Serrano debió someterse al protocolo que establece el rapado de los reclusos.
En el ámbito judicial ecuatoriano, Serrano enfrenta una orden de prisión preventiva por el caso Magnicidio FV, proceso en el cual la Fiscalía lo investiga como presunto autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio junto a otras seis personas. La vinculación del exministro se sostiene en el testimonio de Ronal Herrera, un expolicía de inteligencia sentenciado por asesinato que perteneció a su círculo cercano durante el periodo presidencial de Rafael Correa. Herrera testificó que Serrano dirigía un grupo policial especial destinado a vigilar a políticos y periodistas como Lourdes Tibán y Fernando Balda. Además, el testigo aseveró que el exministro le ordenó vigilar a Villavicencio, información que entregó pocos días antes del crimen a cambio de una supuesta oferta para reincorporarlo a la institución policial.
Este suceso generó diversas reacciones de carácter político y familiar. Amanda Villavicencio, hija del político asesinado, manifestó su satisfacción por la medida y calificó a Serrano como uno de los personajes más oscuros del correísmo. Del mismo modo, Patricia Ochoa, viuda del general Jorge Gabela, expresó que el resto de vida que le quede al exministro no será suficiente para pagar por el daño que causó, puesto que lo señala como una pieza clave en la manipulación y desinformación sobre el asesinato de su esposo. Por el contrario, Verónica Serrano, hija del exministro, defendió a su padre y denunció una supuesta persecución política, además de advertir que la deportación vulnera sus derechos humanos y acusar al presidente Noboa de injerencia judicial. Por último, Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, ratificó que el exfuncionario debe responder ante la justicia por corrupción e involucramiento con carteles, y enfatizó que su país no será refugio de criminales extranjeros.