La Asamblea Nacional aprobó una ley que impone duras condenas a las bandas criminales, autoriza el bloqueo de redes sociales y establece cercos de vigilancia en los planteles educativos del país.
Con una mayoría de 88 votos a favor y 58 abstenciones, el Pleno del Parlamento de Ecuador dio curso definitivo a la Ley para Prevenir y Erradicar el Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes. La votación unió los criterios de las bancadas de Acción Democrática Nacional, Partido Social Cristiano, Pachakutik e integrantes independientes, ante la reserva del bloque de Revolución Ciudadana.
El texto aprobado modifica 15 normativas nacionales y establece sanciones de 22 a 26 años de privación de libertad para los adultos que incorporen a niños o adolescentes a organizaciones de la delincuencia organizada, facciones armadas o conductas punibles. Esta decisión eleva la escala penal anterior, la cual fijaba presidio de 10 a 13 años para esta clase de infracciones.
La legisladora Diana Jácome, al frente de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, lideró la defensa de la propuesta aprobada en dicho espacio el 22 de septiembre. La asambleísta enfatizó la urgencia de frenar las tácticas del crimen organizado, el cual emplea las plataformas digitales para atraer a la juventud mediante pagos e imágenes llamativas. Para graficar el panorama actual, la legisladora indicó que los órganos de justicia aislaron a más de 2 000 menores en 2026 debido a su participación en diversos delitos.
A fin de neutralizar este peligro, la nueva norma otorga facultades a la autoridad judicial para ordenar el bloqueo inmediato de direcciones IP, portales y enlaces web que promocionen la incorporación de menores a bandas criminales. En las zonas escolares, el plan exige la elaboración de mapas de riesgo para identificar los puntos vulnerables al microtráfico y a las redes de captación. En paralelo, los municipios tendrán la obligación de resguardar los perímetros de las escuelas y prohibir la apología del delito en sus inmediaciones.
Aunque el proyecto salió adelante, los 58 miembros de Revolución Ciudadana rehusaron apoyar el articulado. Durante el debate en la sede legislativa, el asambleísta Blasco Luna tildó la iniciativa de «populismo penal» y argumentó que el incremento de las penas carece de eficacia sin asignaciones presupuestarias para el desarrollo social. Según sostuvo el parlamentario, la respuesta estatal requiere recursos públicos enfocados en la infancia vulnerable y definiciones precisas sobre la restitución de derechos a los menores rescatados de las bandas.