Luisa González fue detenida este jueves en Manabí dentro de una investigación por presunto lavado de activos. Fiscalía indaga posibles irregularidades relacionadas con recursos y gastos electorales de la campaña presidencial de 2023.
La investigación sobre el origen y manejo de recursos utilizados durante la campaña presidencial de 2023 abrió este jueves 22 de octubre de 2026 un nuevo escenario judicial. Luisa González, excandidata a la Presidencia de la República, fue detenida en Manabí dentro del denominado caso Laberinto.
La detención se produjo en la parroquia Canuto, perteneciente al cantón Chone. La Fiscalía General del Estado confirmó posteriormente que González forma parte de la investigación por presunto lavado de activos.
El operativo se extendió a Pichincha y Manabí, donde las autoridades ejecutaron tres órdenes de detención con fines de formulación de cargos. El expediente comprende, hasta el momento, a siete personas investigadas.
De acuerdo con la información divulgada por Fiscalía, las indagaciones se concentran en posibles irregularidades relacionadas con el financiamiento político y los gastos de publicidad electoral correspondientes a la campaña presidencial de 2023.
La investigación tiene como antecedente la revisión de las cuentas de campaña del binomio presidencial de la Revolución Ciudadana. El análisis de ese expediente derivó en actuaciones dentro del ámbito electoral y posteriormente en el traslado de información a Fiscalía para determinar si existían elementos que justificaran una investigación penal.
Tras su detención, González quedó a disposición de las autoridades para el procedimiento correspondiente. La actuación tiene como finalidad avanzar hacia la formulación de cargos dentro de la causa.
Representantes y dirigentes de Revolución Ciudadana rechazaron el procedimiento y cuestionaron la actuación de las autoridades. Esas declaraciones corresponden a la posición del movimiento político frente al proceso y no modifican el estado judicial de la investigación.
El caso permanece en desarrollo. Las sospechas investigadas por Fiscalía no constituyen una declaración de culpabilidad y será la justicia la que determine, a partir de los elementos presentados durante el proceso, si existen responsabilidades penales.