Un juez acogió la solicitud de Fiscalía contra la excandidata presidencial y otros dos procesados. La investigación gira alrededor de un presunto lavado de activos relacionado con recursos de la campaña electoral de 2023.
La situación judicial de Luisa González cambió este viernes 23 de octubre. Tras escuchar a las partes dentro del caso Laberinto, el juez encargado de la causa ordenó que la excandidata presidencial cumpla prisión preventiva mientras continúa el proceso.
La misma medida fue establecida para Santiago Díaz y Wendy Onofre. Los tres forman parte de una investigación impulsada por la Fiscalía General del Estado por un presunto delito de lavado de activos.
La resolución se produjo después de una extensa audiencia de formulación de cargos que había comenzado la noche del jueves. Durante la diligencia, Fiscalía sostuvo su solicitud de prisión preventiva y las defensas presentaron sus argumentos antes de que el juez adoptara una decisión.
Una medida diferente para la cuarta procesada
Estefanía Molina también está procesada dentro de la causa, pero no recibió prisión preventiva.
Para ella, el juez dispuso presentaciones periódicas ante la autoridad, prohibición de abandonar el país y la utilización de un dispositivo de vigilancia electrónica.
El origen de los recursos está bajo investigación
El caso Laberinto se concentra en determinar la procedencia y el movimiento de recursos relacionados con publicidad utilizada durante el proceso electoral presidencial de 2023.
La tesis presentada por Fiscalía sostiene que existirían fondos de origen ilícito vinculados con la comercialización ilegal de hidrocarburos que habrían sido destinados al financiamiento electoral de la Lista 5. Esta versión deberá ser demostrada durante el proceso y permanece, por ahora, como parte de la investigación fiscal.
La Fiscalía también señalizó que investiga cómo se movilizaron esos recursos y la eventual participación de las personas procesadas.
La decisión adoptada este viernes define las medidas cautelares que deberán cumplir los involucrados mientras continúa la investigación. La prisión preventiva no constituye una condena ni establece culpabilidad, por lo que las responsabilidades penales deberán resolverse posteriormente en las etapas correspondientes del proceso.