Conversaciones extraídas de dispositivos electrónicos, registros financieros y el testimonio de un cooperador aportan nuevos elementos sobre los pagos que investiga la Fiscalía. El proceso busca determinar el origen de recursos relacionados con la campaña presidencial de 2023.
Nuevos elementos incorporados al expediente del caso Laberinto revelan detalles sobre la ruta de recursos que, según la tesis de la Fiscalía General del Estado, se destinaron a gastos relacionados con la campaña presidencial de Luisa González en 2023.
Chats, facturas, cheques, registros financieros y la declaración de un cooperador forman parte del material que analiza la institución dentro de la investigación por presunto lavado de activos.
Las pericias sobre dispositivos electrónicos permitieron localizar conversaciones relacionadas con pagos, proveedores y gastos electorales. Parte de ese material proviene de investigaciones vinculadas con empresas relacionadas con el entorno empresarial de Aquiles Álvarez.
Fiscalía investiga un mecanismo paralelo de financiamiento
La Fiscalía sostiene que, entre mayo y octubre de 2023, existió un mecanismo de financiamiento distinto al que se declaró oficialmente ante el Consejo Nacional Electoral.
Una de las líneas de investigación se concentra en Ternape Petroleum S.A. Según la institución, desde cuentas de esa empresa salieron pagos dirigidos a proveedores relacionados con publicidad electoral.
El expediente también contiene documentación sobre cotizaciones que inicialmente guardaban relación con actividades de campaña, mientras que las facturas posteriores aparecieron a nombre de la compañía.
Entre las conversaciones incorporadas a la causa consta una instrucción para evitar que determinadas facturas incluyeran la palabra “campaña”. La Fiscalía considera este elemento como parte de los indicios que deberá contrastar dentro de la investigación.
Cheques y efectivo forman parte de las pesquisas
La investigación también examina el uso de cheques al portador.
De acuerdo con el testimonio incorporado al expediente, esos documentos sirvieron para obtener efectivo destinado a diferentes gastos, entre ellos logística, movilización y pagos a brigadistas.
La versión del cooperador señala que existieron dificultades para cobrar algunos cheques. Ante esos inconvenientes, presuntamente se recurrió a dinero en efectivo procedente de la actividad comercial de una estación de servicio.
La Fiscalía calcula que cerca de USD 500.000 circularon dentro del mecanismo que investiga como un posible esquema de lavado de activos.
Otros documentos del expediente, citados por medios nacionales, mencionan montos superiores. Sin embargo, esas cifras permanecen bajo análisis dentro de la investigación.
La instrucción fiscal continuará durante 90 días
El caso Laberinto se abrió contra Luisa González, Santiago Díaz, Estefanía Molina y Wendy Onofre por su presunta participación en el delito de lavado de activos.
Un juez dispuso prisión preventiva para González, Díaz y Onofre. Para Molina ordenó presentaciones periódicas ante la autoridad, prohibición de salida del país y vigilancia mediante un dispositivo electrónico.
La instrucción fiscal tiene un plazo de 90 días. En ese periodo, la Fiscalía continuará con las pericias y el análisis de los movimientos financieros, conversaciones y demás elementos incorporados al expediente.
El proceso permanece en etapa de investigación y las próximas actuaciones dependerán de las diligencias que practique la Fiscalía y de las decisiones que adopte la autoridad judicial.