El Pleno dio paso al documento que identifica 41 expedientes con alerta roja y 54 con alerta naranja. La información llegará a organismos de control para nuevas verificaciones.
La Asamblea Nacional aprobó este martes 27 de octubre un informe que identifica 95 expedientes de alcaldes, prefectos y otras autoridades locales con alertas sobre su situación patrimonial. El documento registra 41 casos con alerta roja y 54 con alerta naranja, tras el análisis de información entregada por distintas instituciones públicas.
La revisión tomó en cuenta datos relacionados con declaraciones patrimoniales, movimientos financieros, obligaciones tributarias y otros registros oficiales. La Comisión de Gobiernos Autónomos recopiló la información antes de remitir el informe al Pleno para su tratamiento.
La resolución dispone el envío de los expedientes a la Fiscalía General del Estado, la Contraloría General del Estado, la Unidad de Análisis Financiero y Económico y el Servicio de Rentas Internas. Cada institución deberá revisar la información dentro de sus competencias y comunicar las acciones que adopte.
El documento mantiene bajo reserva los nombres de las autoridades incluidas en las categorías de mayor alerta y utiliza códigos para identificar cada expediente. La Asamblea también fijó un plazo para que las instituciones receptoras informen sobre las actuaciones que correspondan después de recibir la documentación.
El tratamiento del informe abrió diferencias entre las bancadas. Acción Democrática Nacional respaldó el proceso de fiscalización y defendió la facultad de la Asamblea para solicitar información sobre el manejo patrimonial de funcionarios públicos. Revolución Ciudadana cuestionó el alcance de ese control sobre los gobiernos autónomos descentralizados y expresó reparos sobre la metodología utilizada para clasificar los expedientes.
La discusión ocurre en medio del escenario político previo a las elecciones seccionales, por lo que el tema también provocó cruces entre oficialismo y oposición sobre el alcance y la oportunidad de la fiscalización.
Con la aprobación del informe, la Asamblea trasladará los expedientes a los organismos señalados en la resolución. Las siguientes actuaciones dependerán de las revisiones que efectúe cada institución a partir de la información remitida.