El hijo del expresidente Abdalá Bucaram figura entre cinco ecuatorianos requeridos por Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico.
Jacobo Bucaram Pulley, hijo del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, fue detenido en Guayaquil el miércoles 4 de noviembre de 2026, como parte de una operación de cooperación internacional que dejó cinco ecuatorianos bajo custodia de las autoridades en Ecuador y Panamá.
El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó la captura mediante su cuenta oficial en la red social X. Según el funcionario, Bucaram registra una notificación roja de Interpol y enfrenta un requerimiento de la justicia estadounidense por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico.
En Guayaquil también fueron detenidos Geovanny Antonio Fernández Menéndez y William José Briones López. Mientras tanto, las autoridades panameñas capturaron a Jaime Estrada Bonilla, exalcalde de Manta, y a su hijo Jaime Estrada Medranda, exasambleísta y exvicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.
De acuerdo con la información del Ministerio del Interior, la operación contó con la participación de la Policía Nacional del Ecuador y la coordinación de autoridades de Panamá, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) e Interpol.
Reimberg anunció que los cinco ciudadanos enfrentarán los procedimientos correspondientes para su eventual extradición a Estados Unidos. Sin embargo, hasta la información oficial difundida tras las capturas, las autoridades no comunicaron una fecha de traslado ni precisaron los cargos individuales que sustentan los requerimientos judiciales.
La notificación roja de Interpol permite solicitar la localización y detención provisional de una persona requerida por las autoridades judiciales de otro país. Su existencia no representa una sentencia condenatoria ni sustituye los procedimientos legales necesarios para una extradición.
En Ecuador, Jacobo Bucaram también enfrenta antecedentes judiciales. En septiembre de 2026, un tribunal lo condenó en primera instancia a nueve años y cuatro meses de prisión por delincuencia organizada dentro del denominado caso Pruebas COVID-19, relacionado con presuntas irregularidades en la comercialización de pruebas médicas durante la emergencia sanitaria de 2020.
El nuevo procedimiento corresponde a un requerimiento internacional distinto. Las autoridades todavía deben precisar el alcance de las acusaciones formuladas en Estados Unidos y las siguientes actuaciones judiciales de los detenidos.