Abdalá Bucaram queda a un paso del arresto por su inasistencia reiterada a las audiencias de sentencia.
La Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas rechazó el recurso de hábeas corpus que María Rosa Pulley interpuso a favor de su esposo, el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz. Con esta decisión, la orden de detención contra el exmandatario continúa vigente dentro del proceso judicial por presunta delincuencia organizada en el caso Pruebas Covid-19.
El Tribunal de Garantías Penales dictó la medida de captura el 3 de septiembre de 2026, luego de que Bucaram no asistiera a seis convocatorias para la audiencia de lectura de sentencia. Al día siguiente, su cónyuge presentó la solicitud de garantía constitucional. El exgobernante, de 74 años de edad, se encuentra en la Clínica de Especialidades Borja, en Guayaquil, a causa de un problema cardíaco, bajo la custodia de la fuerza pública. Antes de su ingreso en este centro, el procesado estuvo en otros dos hospitales.
En su fallo de este 7 de septiembre, el tribunal provincial determinó que la ejecución de la orden judicial no representa una amenaza para la vida, la salud o la integridad del procesado. Por ello, una vez que reciba el alta médica, la policía ejecutará la aprehensión del expresidente para su comparecencia ante la justicia.
La Fiscalía General del Estado acusó a Bucaram Ortiz, a su hijo Jacobo Bucaram Pulley y a otras dos personas por la supuesta adquisición y comercio de pruebas de diagnóstico de COVID-19. Esta red delictiva también incluye a miembros de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito. El pasado 14 de mayo, la Fiscalía solicitó la condena de los implicados. El Código Penal sanciona el delito de delincuencia organizada con una pena de hasta diez años de cárcel, la cual puede aumentar por circunstancias agravantes.