En la evaluación de méritos, Carlos Leonardo Alarcón se ubica primero hasta el momento; quedan pruebas por rendir.
El concurso para elegir al próximo fiscal general del Estado avanza con cinco aspirantes habilitados y una fase de evaluación pendiente. Las descalificaciones de varios postulantes despertaron cuestionamientos sobre el proceso, aunque las calificaciones actuales todavía no definen quién ocupará el cargo.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) tiene a su cargo la selección de la nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado. El concurso contempla la revisión de requisitos, la evaluación de méritos, las impugnaciones y las pruebas de oposición.
La atención pública se concentra en los cambios que surgieron tras la resolución de las impugnaciones. Algunos aspirantes que ocuparon los primeros lugares en la evaluación inicial quedaron fuera del proceso por decisiones de la Comisión Ciudadana de Selección.
Entre los postulantes excluidos constan las juezas Daniella Camacho y Maritza Romero, quienes lideraban la clasificación de méritos. Ambas cuestionaron las resoluciones y presentaron argumentos en defensa de su participación.
Las exclusiones ocurrieron durante una etapa prevista en las reglas del concurso. No obstante, los reclamos de los aspirantes afectados abrieron un debate sobre los criterios utilizados para resolver las objeciones.
Tras esta fase, Carlos Leonardo Alarcón pasó al primer lugar de la clasificación con 46,50 puntos. El funcionario también ejerce como fiscal general encargado por una designación del Consejo de la Judicatura.
Mario Fonseca y Juan Vicente Guaño ocupan los siguientes puestos, con 37,75 puntos cada uno. Andrea Cazar registra 37 puntos y Patricio Haro alcanza 34,50.
Las cifras corresponden a la evaluación de méritos y no constituyen el resultado final del concurso. Los cinco aspirantes todavía deben rendir las pruebas de oposición, que representan otros 50 puntos.
Esta fase comprende un examen escrito, con una valoración de 30 puntos, y una prueba oral, que equivale a 20 puntos. Los resultados pueden modificar el orden actual de los candidatos.
Alarcón también enfrentó impugnaciones durante el proceso. Las objeciones presentadas en su contra no prosperaron, por lo que conservó su condición de postulante habilitado.
Su participación en el concurso constituye un proceso distinto del encargo que ejerce en la Fiscalía. El Consejo de la Judicatura dispuso su designación para cubrir la ausencia de una autoridad titular y mantener las funciones de la institución.
Por tanto, el cargo que ocupa Alarcón no representa una elección anticipada como fiscal general titular. Su aspiración al puesto depende de las mismas etapas de evaluación previstas para los demás participantes habilitados.
Las descalificaciones generaron distintas posiciones entre los postulantes y colocaron bajo atención las resoluciones del CPCCS. Mientras los aspirantes excluidos cuestionan los argumentos de las decisiones, los cinco candidatos que permanecen en competencia se preparan para la siguiente fase.
El proceso aún debe completar las pruebas de oposición y la revisión de los resultados antes de definir a la persona que asumirá la titularidad de la Fiscalía General del Estado.
La elección despierta interés nacional por las funciones de la institución en la investigación de delitos, el ejercicio de la acción penal pública y la lucha contra la delincuencia organizada.
Por ahora, la clasificación de méritos ofrece una referencia sobre el avance de los aspirantes, pero no determina la designación final. El concurso continúa abierto y el próximo fiscal general saldrá del procedimiento de selección a cargo del CPCCS.