Siete alcaldes y exalcaldes de Ecuador enfrentan prisión preventiva tras revelarse desvíos millonarios en su gestión.
La Fiscalía General del Estado lleva investigaciones penales contra siete alcaldes y exalcaldes en seis provincias del país, acusados de cometer graves irregularidades que habrían provocado un perjuicio global al Estado cercano a los 200 millones de dólares. Debido a la gravedad de los cargos —que incluyen lavado de activos, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada y peculado—, todos los implicados cumplen actualmente prisión preventiva mientras se desarrollan las respectivas etapas de instrucción fiscal.
En la provincia de Azuay, el exalcalde de Camilo Ponce Enríquez, Elías Baldor, es procesado por el presunto delito de lavado de activos junto a otras cinco personas en el denominado caso BB. De acuerdo con las indagaciones, los procesados habrían integrado una red financiera estructurada para ingresar más de 9 millones de dólares al sistema financiero formal. La Fiscalía sostiene que estos recursos provienen de actividades ilícitas relacionadas con la minería ilegal y la distribución de explosivos.
Por otro lado, en Esmeraldas, el alcalde al momento de los hechos, Vicko Villacís, enfrenta cargos por lavado de activos junto a otras siete personas dentro del caso Blindado. La hipótesis de la Fiscalía apunta a la existencia de una supuesta organización delictiva que desvió y aprovechó indebidamente más de 7,5 millones de dólares de fondos estatales. Para ocultar el origen de los recursos, la red habría recurrido al uso de empresas fachada y a la manipulación de acciones judiciales.
En la provincia de El Oro, el alcalde de Machala, Darío Macas, es procesado en el caso Machalazo por presunto enriquecimiento ilícito. Las auditorías de la Fiscalía detectaron un incremento patrimonial injustificado de aproximadamente 6 millones de dólares. Asimismo, se investiga el presunto direccionamiento de contratos del Municipio de Machala hacia empresas de papel vinculadas directamente con el funcionario, causa en la que su esposa, Carmen Ch., también se encuentra bajo investigación judicial.
La provincia de Cotopaxi registra procesos penales en dos de sus cantones. En Pujilí, el alcalde José Arroyo y otros 17 funcionarios municipales son investigados en el caso Ornato Municipal por presunto peculado. Se les imputa la adjudicación irregular de contratos públicos financiada con fondos municipales, con un perjuicio económico que supera los 300 000 dólares Bajo el mismo cargo de peculado, el alcalde de El Tambo, René Castillo, es procesado junto a dos personas más. El expediente fiscal señala que la organización de un concierto internacional por el aniversario de cantonización generó un perjuicio de casi 50 000 dólares a las finanzas del cabildo.
En Manabí, la alcaldesa de Jipijapa, Ángela Plúa, es procesada junto a otras nueve personas en el caso La Jefa por el presunto delito de delincuencia organizada. La Fiscalía sostiene que los implicados conformaron una red dedicada a la emisión fraudulenta de licencias de conducir, matrículas y otros documentos oficiales de tránsito.
En Guayaquil, provincia de Guayas, el alcalde Aquiles Alvarez enfrenta el escenario judicial más complejo al acumular dos procesos penales independientes. El primero corresponde al caso Triple A, en el que se le investiga por la presunta comercialización ilegal de hidrocarburos, con un perjuicio estimado para el Estado de 61,5 millones de dólares. El segundo es el caso Goleada, en el cual la Fiscalía indaga un presunto lavado de activos por un monto que asciende a los 100 millones de dólares