El fallo por el tráfico de diésel reconfigura el mapa político y exige la devolución de millones de dólares al Estado.
El Caso Triple A sostiene el debate público sobre el desvío de recursos estatales y la persecución a los delitos contra la administración pública. El expediente sobre la comercialización ilícita de 22,7 millones de galones de diésel subsidiado muestra el trabajo de auditoría e investigación frente a esquemas complejos que vinculan a sectores políticos y empresariales.
El Tribunal Especializado en Corrupción y Crimen Organizado dictó la sentencia oral del proceso el 29 de agosto de 2026. Los jueces impusieron una condena de 6 años y 8 meses de prisión a Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, y a cuatro personas más como autores directos, junto con una multa de 12 Salarios Básicos Unificados (SBU). Asimismo, la autoridad penal fijó una pena de 2 años, 2 meses y 20 días de cárcel para cuatro cómplices.
El fallo judicial extendió las sanciones al ámbito corporativo. La resolución ordenó la clausura definitiva, disolución y el cobro de 1.000 SBU a seis empresas privadas involucradas en el esquema. Para restituir el impacto económico en las arcas públicas, la justicia determinó una reparación integral al Estado por USD 61,5 millones.
El proceso mantiene su curso en el sistema penal. Tras la emisión del dictamen, la Fiscalía General del Estado formalizó la apelación de las absoluciones otorgadas a favor de otros procesados. Esta acción técnica traslada el expediente a la Corte Provincial para la revisión integral de las pruebas y evita el cierre definitivo de la causa.