El caso Blindado expone un presunto control de la estructura política sobre la justicia provincial. Las autoridades sospechan del desvío ilícito de fondos públicos por más de 7,5 millones de dólares.
La Fiscalía General del Estado sumó nuevos procesados a la instrucción fiscal del caso Blindado. Con estas incorporaciones, la cifra total de investigados en la causa sube a dieciocho. El proceso penal rastrea una supuesta red de lavado de activos en la provincia de Esmeraldas que habría favorecido al alcalde de la ciudad, Vicko Villacís, a su entorno familiar y a corporaciones bajo su control. El expediente penal sumó a siete personas naturales y tres personas jurídicas. El grupo de ciudadanos destaca por la presencia de seis administradores de justicia.
Cinco de ellos pertenecen a la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas: Genaro R., Juan Francisco M., Juan Agustín J., Luis Fernando O. y Carlos A.. El sexto magistrado es Simón M., quien ejerce funciones en el cantón Atacames. A ellos se añade el ciudadano Iván S. La implicación de magistrados provinciales modifica la competencia del caso. Por el fuero especial de estos funcionarios, el conocimiento de la causa penal pasa a la Corte Nacional de Justicia. Además, la Fiscalía cuenta con una prórroga de treinta días para acumular elementos de convicción.
La indagación fiscal sospecha del origen de 7.543.716 dólares. Los peritajes técnicos estiman que el perjuicio general alcanza un valor cercano a los nueve millones de dólares. Los delitos de origen que configuran esta estructura ilegal son el cohecho y el prevaricato. De acuerdo con la teoría del caso, una parte de los fondos sirvió para la compra de bienes y otra terminó en cuentas del exterior. Un punto clave son los retiros de efectivo por novecientos ochenta mil dólares. El traslado de estas altas sumas requirió el uso de camiones blindados, detalle que dio nombre a la causa.
En la audiencia ante la Corte Nacional de Justicia, el fiscal general del Estado encargado, Leonardo Alarcón, formuló cargos y solicitó medidas de seguridad. La Fiscalía pidió prisión preventiva para los jueces Carlos A. y Simón M., así como para el ciudadano Iván S. Para los magistrados Genaro R., Juan M., Juan J. y Luis O., el requerimiento fiscal consiste en arresto domiciliario y el uso de un localizador electrónico. Para las tres empresas asociadas, el Ministerio Público solicitó la inmovilización de cuentas bancarias y la prohibición de enajenar bienes. La jueza Daniella Camacho suspendió la audiencia tras escuchar las exposiciones. El anuncio de su decisión sobre las medidas cautelares se dará a conocer este miércoles 2 de septiembre a las 12:30.