La regulación que fija reglas sobre radares y transporte menor pasa a manos del presidente de la República para su decisión final.
El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó un conjunto de reformas a la Ley de Tránsito y Seguridad Vial. Esta nueva norma establece pautas para el servicio de entregas a domicilio, el tránsito de monopatines y motocicletas eléctricas, y el funcionamiento de los radares en las carreteras. Además, el texto retira el control del tránsito a los municipios que registren anomalías en su gestión.
La propuesta legislativa obtuvo 87 votos a favor, aportados por el grupo oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), legisladores independientes y el movimiento Pachakutik. Por el contrario, la agrupación Revolución Ciudadana expresó su rechazo a la iniciativa. Valentina Centeno, quien preside la Comisión de Desarrollo Económico, detalló que el documento final integró un total de 19 propuestas de reforma acumuladas durante los últimos cuatro años.
De acuerdo con Centeno, la reforma posee tres ejes principales: el combate a la corrupción y las bandas delictivas, el resguardo de la vida en las vías y la actualización tecnológica del sistema de transporte. Por su parte, el legislador Diego Salas valoró la medida para frenar los cobros abusivos de los fotorradares bajo gestión de particulares. Sin embargo, Salas calificó el proyecto como un intento de distracción, centralista y elaborado sin consulta social.
Alfredo Serrano, representante del Partido Social Cristiano, calificó de positiva la regulación para vehículos eléctricos menores y repartidores de pedidos. Serrano también respaldó que la Policía Nacional asuma la vigilancia de las autopistas estatales para contrarrestar el crimen organizado. Pese a ello, el legislador detectó una contradicción en las sanciones, pues dos apartados distintos calificaban una misma infracción como falta de cuarta y quinta clase. El Pleno corrigió este punto al excluir dichos artículos de la redacción definitiva tras una votación particular.
La reforma, estructurada en 78 artículos, irá al despacho del presidente Daniel Noboa. El jefe de Estado decidirá si aplica un veto al texto o si autoriza su publicación en el Registro Oficial para el inicio de su vigencia.