La orden de arresto contra la prefecta coincide con la indagación a otros tres implicados, quienes evitan los cargos provisionales por su inmunidad electoral
La prefecta Johana Núñez enfrentará prisión preventiva por orden de la justicia, bajo sospechas de un presunto enriquecimiento ilícito. El fiscal Rolando Soliz sostiene que las evidencias apuntan a un incremento patrimonial no justificado de 8 824 139,49 dólares, acumulado entre los años 2018 y 2025. La acusación se fundamenta en peritajes técnicos de los bienes y en las declaraciones juradas de la funcionaria. Con estos elementos, la Fiscalía formuló cargos contra Núñez en calidad de autora directa de la infracción descrita en el artículo 279 del Código Orgánico Integral Penal.
Por su parte, la funcionaria rechaza los cargos y asegura que el proceso judicial responde a una persecución política. No obstante, los registros de su patrimonio muestran que, en 2019, al inicio de su gestión, poseía bienes por unos 1,2 millones de dólares, una cifra que ascendió a unos 4,9 millones de dólares para el año 2022. Estos reportes de medios locales forman parte de las evidencias que analiza la justicia en la causa.
La resolución judicial también dispuso la retención de fondos de la procesada por un monto de 309 646 dólares, además de la prohibición de enajenar sus bienes. La instrucción de la Fiscalía busca determinar el origen de los recursos bajo sospecha. En esta misma causa constan otras tres personas bajo investigación; sin embargo, su condición de candidatos para los comicios del 29 de noviembre les otorga inmunidad electoral, por lo que no enfrentan cargos en esta etapa del juicio.