El expresidente ecuatoriano enfrenta nueve años de cárcel por el caso de pruebas de COVID-19. Ante esta decisión, la defensa alega irregularidades en el tribunal y anuncia acciones legales.
El expresidente Abdalá Bucaram Ortiz busca la anulación del fallo que lo condena a nueve años y cuatro meses de prisión por el delito de delincuencia organizada. El Tribunal de Juicio de Pichincha emitió la sentencia en el marco de las investigaciones por la venta irregular de insumos médicos durante la pandemia de 2020. La medida también recae sobre su hijo, Jacobo Bucaram Pulley, junto con una multa de 9.640 dólares para cada uno.
Frente a esta resolución, el exmandatario calificó la decisión judicial como un fallo macabro e inmoral. Bucaram sostuvo que uno de los magistrados del tribunal mostró animadversión previa contra su familia mediante publicaciones en redes sociales. Además, cuestionó la imparcialidad del juez Gandhy Cervantes debido a supuestas afinidades con sus rivales políticos. El exjefe de Estado también señaló la presunta injerencia de exautoridades gubernamentales en la causa.
En cuanto a las pruebas del caso, las acusaciones surgieron tras las evidencias halladas en el allanamiento a la vivienda de Bucaram en junio de 2020, donde la Fiscalía descubrió miles de mascarillas y pruebas de diagnóstico. De igual forma, el proceso judicial incorporó referencias a gestiones relacionadas con el ciudadano israelí Shy Dahan previas a su asesinato en el recinto penitenciario.
Pese a su severa condición médica y a las arritmias ventriculares diarias que padece, el líder político solicitó el alta médica para escuchar la lectura del veredicto. Esta resolución constituye la primera condena penal en la trayectoria de Bucaram. Con el propósito de exponer los argumentos que sustentarían la nulidad del proceso, el expresidente convocó a los medios de comunicación a una rueda de prensa en su domicilio.