El despliegue de la fuerza pública busca neutralizar a las estructuras criminales en los sectores con mayor alza de violencia.
El Gobierno de Ecuador decreta un estado de excepción de 60 días en 8 provincias y 3 cantones debido a la grave conmoción interna que vive el territorio nacional. La decisión presidencial oficializa un toque de queda nocturno en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro desde el 17 hasta el 30 de septiembre. En estas jurisdicciones, la restricción a la libertad de tránsito rige entre las 00:00 y las 05:00. El decreto abarca además a Esmeraldas, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas y a cantones específicos de Azuay, Bolívar y Cotopaxi.
Las autoridades del Ministerio del Interior justifican el despliegue de seguridad con el objetivo de intensificar las operaciones contra las estructuras criminales. Cifras de la propia institución confirman un incremento de homicidios intencionales en 79 ciudades entre enero y julio de 2026 en comparación con 2025, período considerado el más violento de la historia reciente. El ministro John Reimberg puntualizó que la medida responde a una necesidad concreta e implica una presencia militar y policial focalizada.
En paralelo, el informe anual de IDEA Internacional expone la profunda crisis institucional y de seguridad en la nación. El organismo advierte que la violencia de los grupos delictivos y la militarización del orden público erosionan el Estado de Derecho y los derechos humanos en Ecuador. Entre los factores determinantes constan el avance de redes criminales internacionales y el abandono del sistema penitenciario. Esta situación en las cárceles otorgó autogobierno a las bandas prisioneras, hecho que posicionó al país entre los más violentos del planeta.