El proceso de selección avanza hacia las pruebas de oposición, que representan 50 puntos de la calificación total. Carlos Leonardo Alarcón, quien ejerce como fiscal general encargado, participa junto a otros cuatro postulantes en la etapa pendiente del concurso.
El concurso público para designar al próximo fiscal general del Estado de Ecuador se prepara para una de sus etapas más importantes. Tras concluir la revisión de impugnaciones y apelaciones, cinco aspirantes permanecen habilitados para continuar en el proceso que organiza el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Entre los participantes se encuentra Carlos Leonardo Alarcón, quien ejerce las funciones de fiscal general encargado desde noviembre de 2025. Su participación reúne dos circunstancias distintas: el ejercicio temporal de la máxima autoridad de la Fiscalía y su postulación al concurso público para obtener la titularidad de la institución.
La designación de Alarcón como fiscal encargado respondió a una decisión institucional del Consejo de la Judicatura. Ese nombramiento no equivale a una elección definitiva ni reemplaza las evaluaciones que deben cumplir los aspirantes dentro del concurso.
Alarcón cuenta con una trayectoria vinculada al sistema judicial y a la Fiscalía General del Estado. Ingresó a la institución en 2007 y desempeñó distintas funciones antes de asumir el encargo. Su formación académica incluye estudios jurídicos y especialización en materia penal.
En la etapa de méritos, el funcionario obtuvo 46,50 puntos sobre 50 posibles. Los otros participantes habilitados son Mario David Fonseca, con 37,75 puntos; Juan Vicente Guaño, también con 37,75; Andrea Cazar, con 37 puntos; y Patricio Haro, con 34,50 puntos.
Estas calificaciones corresponden a la evaluación de méritos y no representan el resultado definitivo del concurso. La siguiente fase contempla otros 50 puntos, por lo que las pruebas pendientes serán necesarias para establecer la puntuación final de cada participante.
La etapa de oposición incluye una evaluación escrita, valorada sobre 30 puntos, y una prueba oral o práctica, con un máximo de 20 puntos. Los aspirantes deberán demostrar conocimientos jurídicos, capacidad de argumentación y manejo de procedimientos vinculados con el ejercicio de la acción penal.
La prueba oral contempla la simulación de una audiencia judicial, en la que se examinarán las habilidades de los participantes para presentar argumentos, aplicar normas jurídicas y desarrollar un caso ante un tribunal de evaluación.
El avance hacia esta fase también requiere decisiones administrativas. El CPCCS modificó el 4 de noviembre la conformación del equipo técnico de apoyo al concurso, una instancia encargada de colaborar con la Comisión Ciudadana de Selección en las tareas necesarias para continuar el procedimiento.
Entre los aspectos pendientes figuran la revisión de los perfiles de los docentes que participarán en la elaboración y evaluación de las pruebas, así como las medidas de seguridad informática destinadas a proteger el contenido de los exámenes.
La organización de esta etapa adquiere relevancia después de un proceso de impugnaciones que redujo de 26 a cinco el número de aspirantes habilitados. Las decisiones de exclusión generaron cuestionamientos públicos y respuestas de algunos postulantes, por lo que la documentación de cada resolución constituye un elemento importante para el seguimiento ciudadano.
El 24 de octubre, el Pleno del CPCCS concluyó la resolución de las apelaciones presentadas por los aspirantes descalificados. Con esa etapa cerrada, el proceso quedó encaminado hacia las evaluaciones de oposición.
La situación de Carlos Leonardo Alarcón también plantea una distinción institucional relevante. Mientras continúa al frente de la Fiscalía por encargo, su participación en el concurso se encuentra sujeta a las mismas etapas de evaluación previstas para los demás postulantes.
El ejercicio de funciones dentro de la institución no determina por sí solo el resultado de la selección. La designación del nuevo fiscal dependerá de las calificaciones finales y del cumplimiento de los procedimientos establecidos.
La Fiscalía General del Estado cumple una función central en la investigación de delitos y en el ejercicio de la acción penal pública. Por esa razón, la elección de su próxima autoridad tiene consecuencias para la administración de justicia, la respuesta frente al crimen organizado y el tratamiento de investigaciones de interés nacional.
De acuerdo con el calendario difundido por la Comisión Ciudadana de Selección, las pruebas de la fase final están previstas entre finales de noviembre y diciembre de 2026. El cumplimiento de esas fechas dependerá de la preparación de las evaluaciones y de las decisiones administrativas pendientes.
Hasta el momento, el concurso no tiene un ganador proclamado. Los cinco participantes deberán completar las pruebas de oposición antes de que se establezca el resultado definitivo y el CPCCS proceda con la designación correspondiente.
La atención se concentra ahora en las condiciones bajo las cuales se desarrollarán los exámenes, la publicación de los resultados y las garantías de transparencia. Esos elementos permitirán conocer cómo se define la próxima autoridad de una de las instituciones más importantes del sistema de justicia ecuatoriano.