La causa penal suma 31 imputados entre exfuncionarios y empresarios tras la presentación de nuevos elementos de convicción. El seguimiento a los anticipos millonarios centra el trabajo de la instrucción judicial.
El proceso por presunto peculado en los contratos de emergencia eléctrica entre Celec EP y Progen Industries LLC se consolida con nuevos vinculados y la ampliación de la instrucción penal.
El expediente judicial del denominado caso Apagón alcanza un total de 31 procesados tras la incorporación de 10 personas a la investigación por el presunto delito de peculado en la contratación de emergencia eléctrica. El fiscal general del Estado encargado, Leonardo Alarcón, sustenta la causa en un cuerpo de pruebas que incluye contratos, resoluciones administrativas, informes de calificación, transferencias bancarias y pericias técnicas a las plantas generadoras.
La investigación penal se concentra en dos acuerdos adjudicados a Progen Industries LLC por USD 149,1 millones para la instalación de infraestructura energética en Salitral (USD 99,4 millones) y Quevedo (USD 49,7 millones). Según la tesis del Ministerio Público, en las etapas precontractual, contractual y de ejecución se omitieron controles, lo que derivó en el desembolso de un anticipo de USD 104,37 millones (equivalente al 70 % del monto global) sin que los equipos entregados operen conforme a los pliegos técnicos requeridos.
El avance del proceso registra dos fases clave. En mayo de 2026, la formulación de cargos inicial se dirigió contra 21 exfuncionarios y representantes privados, entre ellos el exministro de Energía, Antonio Goncalves, exgerentes de Celec EP y directivos de la Unidad de Negocio Termopichincha. Para ese grupo, el juez nacional dictó prisión preventiva para la mayoría, medida que la Sala Penal de la Corte Nacional ratificó posteriormente.
En agosto de 2026, la Corte Nacional de Justicia acogió el pedido motivado de la Fiscalía y vinculó a 10 personas más, lo que extendió el periodo de instrucción penal por 30 días adicionales. Este segundo grupo comprende a exdirectores de planificación, asesores jurídicos, administradores de contratos de las centrales Salitral y Quevedo, excoordinadores del Ministerio de Energía y representantes ligados a la empresa contratista. Para todos ellos, la autoridad judicial ordenó prisión preventiva.
La causa penal continúa abierta mientras el organismo acusador incorpora elementos sobre la cadena de decisiones, autorizaciones y pagos que facilitaron las erogaciones estatales. El expediente judicial se mantiene en trámite ante la Corte Nacional de Justicia.