La Fiscalía sostiene que la red constituyó empresas para dificultar el rastro de las transferencias de dinero.
La audiencia de juicio contra Roberto Carlos Álvarez, alias ‘Gerente’, se reinstaló este jueves 3 de septiembre. El fiscal Santiago Requelme presentó los alegatos finales y acusó al procesado de liderar una red de blanqueo de capitales. El Gobierno de Ecuador señala a Álvarez como supuesto cabecilla del grupo disidente Comandos de Frontera.
Según la Fiscalía, el ilícito ocurrió entre los años 2015 y 20254. Los procesados usaron actividades económicas bajo registro del Servicio de Rentas Internas (SRI) para dar apariencia lícita a fondos de origen ilegal. El perjuicio económico bajo sospecha asciende a 378,8 millones de dólares.
La diligencia judicial se desarrolló con los acusados conectados por internet desde distintas cárceles del país. Alias ‘Gerente’ y otro procesado siguieron la audiencia desde la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, mientras que su hija Kerly se conectó desde una prisión de Chimborazo.
La acusación fiscal indica que Roberto Carlos Álvarez adquirió varios bienes inmuebles a su nombre con el dinero de origen ilícito. Una parte de estos recursos se destinó a sus hijos, Carlos y Kerly, quienes ya registran sentencias por delincuencia organizada en otra causa. El peritaje señala que la hija realizó transferencias a sus padres y a las empresas Alivia Corp, Kaeri e Inmoc Compañía, en la que poseía acciones. El capital sirvió para comprar vehículos y propiedades inmuebles. Además, su hermano hizo un depósito de efectivo sin justificación alguna a favor de la empresa Ecuabodegas SAS en marzo de 20232. Según la Fiscalía, el clan familiar constituyó estas firmas para ocultar el rastro de las transacciones.
El fiscal Requelme solicitó declarar culpables a Roberto Carlos Álvarez, a sus familiares y a las empresas procesadas. La petición incluye multas por el quíntuple del valor de los activos para cada acusado. Para las personas jurídicas, el agente judicial requirió su disolución, liquidación, multas y la clausura de sus locales. También demandó el comiso penal de todos los bienes de los procesados y su transferencia a la Secretaría General de Administración y Gestión Inmobiliaria (Inmobiliar).
La audiencia culminó por la tarde con las réplicas de la defensa de los acusados. El Tribunal inició la fase de deliberación y emitirá su fallo en los próximos días.