El Gobierno estadounidense sanciona a funcionarios y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú por presuntos nexos con la corrupción y el narcotráfico.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos dio un golpe de autoridad en la región tras anunciar la cancelación inmediata de visados y la aplicación de restricciones de entrada a 17 ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, un castigo que también alcanza a sus familiares directos. La decisión, comunicada formalmente por el secretario de Estado Marco Rubio, responde a acusaciones vinculadas con actos de corrupción, nexos con el narcotráfico y maniobras orientadas a socavar la democracia en Sudamérica.
El informe oficial coloca a Bolivia como el territorio con mayor número de implicados. En la lista figuran 13 nombres clave del aparato estatal y el sector privado, entre ellos el fiscal general Roger Mariaca, el exministro de Justicia Iván Lima y el magistrado del Tribunal Supremo Martín Daniel Irusta. Las restricciones se extienden además a jueces, fiscales de nivel regional y altos mandos de la policía boliviana, en un movimiento que sacude la cúpula institucional de ese país.
En el caso de Colombia, las medidas punitivas se dirigen hacia la senadora del Pacto Histórico Martha Isabel Peralta y el empresario Euclides Antonio Torres Romero. Mientras tanto, en Perú la sanción recae sobre el juez Juan Carlos Núñez, integrante del Tribunal Constitucional del Primer Circuito de Lima. Respecto a Ecuador, las autoridades estadounidenses confirmaron la revocación de documentos a dos ciudadanos y sus familias, aunque mantuvieron las identidades bajo la reserva legal de los archivos consulares.
Con este anuncio, la administración de la Casa Blanca busca enviar un mensaje contundente contra las redes de impunidad en la región. Washington enfatizó que el uso de estas herramientas diplomáticas busca cortar los incentivos para la delincuencia organizada y respaldar el Estado de derecho en América Latina.