El expresidente de Ecuador recibe una pena de cinco años de cárcel como autor directo del delito. Cuatro miembros de su familia directa son declarados cómplices.

La Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) condenó de manera unánime al expresidente Lenín Moreno y a otras 19 personas por el delito de cohecho. La sentencia de primera instancia impone cinco años de privación de libertad al exmandatario, a quien los jueces señalaron como autor directo de la infracción.
El tribunal penal, integrado por los magistrados Manuel Cabrera, Daniela Camacho y Julio Inga, declaró la existencia del delito tras la revisión de más de 300 medios de prueba. Estos elementos incluyeron testimonios, peritajes y documentos que acreditaron la materialidad del cohecho.
Dentro de la resolución judicial constan condenas para los familiares más cercanos de Moreno en calidad de cómplices, quienes recibieron una pena de dos años y seis meses de prisión cada uno. Entre ellos figura su esposa, Rocío González, a quien una pericia financiera vinculó con una transferencia de 1.568 dólares desde Panamá bajo la supuesta justificación de un contrato para la elaboración de agendas turísticas. Asimismo, su hija, Irina Moreno, resultó señalada por facilitar su esfera económica para la recepción de cheques por un monto de 52.000 dólares. Finalmente, sus hermanos Guillermo y Edwin Moreno completan el grupo familiar sentenciado; en el caso de Guillermo, el tribunal determinó una participación indirecta y secundaria tras la recepción de un cheque de 10.000 dólares, mientras que Edwin fue procesado por recibir recursos a su favor.
La teoría que presentó la Fiscalía General del Estado determinó que la empresa estatal china Sinohydro entregó dádivas equivalentes al 4 % del valor del contrato de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Estos pagos ilícitos se canalizaron a través de un complejo entramado societario en Ecuador y Panamá, con el fin de ocultar el origen del dinero.
Según las investigaciones lideradas por el fiscal general subrogante Carlos Alarcón, la presunta red de corrupción, autodenominada «Amigos de Coca Codo», estructuró la distribución de 76,1 millones de dólares en sobornos. El grupo delictivo utilizó cuentas en paraísos fiscales y reformó los objetos sociales de varias empresas para simular transacciones de apariencia legal.
Los magistrados concluyeron que Lenín Moreno aprovechó la influencia de su cargo como vicepresidente de la República para beneficiar a su amigo íntimo, el empresario Conto Patiño. Patiño realizaba la representación comercial de Sinohydro y cobraba una comisión a cambio del beneficio económico mutuo. Las pruebas documentales ratificaron que el núcleo familiar de Moreno y el círculo empresarial de Patiño resultaron los principales beneficiarios del reparto porcentual de estos fondos.
David Meza, abogado defensor de Lenín Moreno, su esposa e hija, manifestó su rechazo ante la decisión del tribunal. El jurista alegó que existió una fuerte presión por parte de la Fiscalía para apresurar la audiencia, lo que provocó una valoración precipitada de las pruebas.
Meza insistió en que el exjefe de Estado no poseía atribuciones directas sobre el proyecto hidroeléctrico. De igual manera, destacó que los contratos de adjudicación y financiamiento se suscribieron entre los años 2009 y 2010 por personas que hoy no forman parte del proceso judicial.
La defensa aclaró que Moreno no cuenta con prohibición de salida del país, ya que cumple con medidas de presentación periódica ante la Corte. El exmandatario continuará con su defensa en libertad con la confianza de que las siguientes instancias judiciales, que incluyen la apelación y la casación, emitan un fallo favorable para su causa.
