Analistas advierten que el control estadounidense sobre el crudo resta incentivos para presionar por una transición democrática.
El gobierno de Estados Unidos y la gestión interina de Delcy Rodríguez sellaron un polémico acuerdo petrolero con un plazo de 25 años. Donald Trump informó que su país consiguió el control mayoritario de 17 yacimientos venezolanos, los cuales representan más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de crudo. Esta porción equivale al 21,5 % de los recursos de Venezuela y más que duplica las reservas probadas de la nación norteamericana. El pacto, formalizado sin costo para el contribuyente estadounidense, tiene como meta de producción una cifra superior a 1,5 millones de barriles diarios.
A cambio del desarrollo de estos campos, Venezuela proyecta un ingreso en tributos para el Estado de unos 209.000 millones de dólares e inversiones por más de 100.000 millones de dólares. Rodríguez detalló que el país recibirá cerca de 19 dólares directos por cada barril vendido, bajo un precio de referencia de 65 dólares por unidad. Sin embargo, la noticia generó duras críticas en diversos sectores locales. El economista Ricardo Haussmann fustigó al secretario de Estado, Marco Rubio, por aliarse con un gobierno ilegítimo en lugar de restaurar el orden constitucional. El exministro de Petróleo Rafael Ramírez tildó el plan de entreguista y colonial, mientras que el economista Francisco Rodríguez comparó la tasa fiscal con las regalías otorgadas por el dictador Juan Vicente Gómez hace un siglo.
Analistas como Ricardo Sucre señalan que el convenio otorga un alivio político y estratégico a Trump ante los votantes preocupados por el costo del combustible. No obstante, los expertos advierten graves fallas de transparencia y soberanía. El acuerdo ocurrió sin debate en la Asamblea Nacional y bajo el absoluto control de Washington sobre las ventas y el uso de los fondos. Esto despierta el temor de que la alianza postergue la transición democrática en la nación sudamericana.